Interventoría de Obras
Las obras y proyectos se dan tanto en empresas privadas como en entidades del Estado o públicas. El énfasis de la interventoría durante el monitoreo de la ejecución de la obra, dependerá del objeto mismo del proyecto. Así mismo, la intención por la que una entidad pública o una empresa privada contrata la interventoría de una obra es diferente.
En Colombia no existe una norma que defina la actividad de interventoría en sus distintos ámbitos, como tampoco hay una entidad que establezca lo que se espera de esta labor, más bien las
expectativas sobre su función las define el cliente y dependen de múltiples factores, entre los cuales resulta fundamental la naturaleza del contratante. Tampoco existe en el país un referente normativo que defina la diferencia entre la interventoría para obras de entidades públicas y la de empresas privadas. Por eso en este artículo se explicarán las diferencias y semejanzas de la interventoría de obra en esos dos ámbitos, para qué sirve y cuál es el rol del interventor.
Interventoría de obra en empresas privadas
La interventoría de obras privadas responde a la necesidad de verificar un proyecto necesario para desarrollar la actividad económica o el servicio que presta la empresa. Aunque la obra está relacionada con la actividad de la empresa, no significa que ésta tenga experiencia o experticia en construirla o ejecutarla.
Entonces, la interventoría de obra para el sector privado sirve para delegar en un experto la supervisión a la ejecución del proyecto, de forma que la empresa contratante dedique sus recursos a desarrollar las actividades propias de la cadena de valor de su negocio. Usualmente las empresas privadas contratan a un interventor para obras de construcción o para el mantenimiento, mejoras, arreglos de una construcción existente.
En este caso el interventor se convierte en un aliado estratégico, que ofrece su experticia, capacidades y experiencia en el desarrollo de proyectos. El servicio del interventor puede estar en todas o en algunas etapas de la obra. Dentro de las principales actividades que se asignan usualmente a la interventoría, se resaltan las siguientes:
1 Monitoreo técnico de la ejecución del proyecto, dando cumplimiento al alcance, plazo y presupuesto establecido.
2 Control de los costos de acuerdo con el presupuesto.
3 Ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades.
4 Control de la calidad de las obras o trabajos contratados.
5 Aseguramiento de otros aspectos administrativos, laborales, legales y contractuales, entre ellos lo referente a verificar aspectos de cumplimiento en la contratación laboral, seguridad social del personal, seguridad y salud en el trabajo, pólizas, entre otros. Una interventoría puede encargarse de revisar, según los términos del contratante, el cumplimiento integral del contrato suscrito con el contratista del proyecto, obra o actividad.
En adición a las normas técnicas aplicables al proyecto, es usual que cada organización tenga sus propios estándares, especificaciones, manuales y regulaciones. Entonces, son estos parámetros los que debe conocer, entender y atender el interventor para monitorear la obra. La práctica común es que el cliente defina los criterios para hacer el monitoreo y control de las actividades, sin embargo, usualmente la supervisión ejercida es enriquecida por la experiencia y experticia del interventor con el objeto de cumplir las expectativas de cada uno de los proyectos.
Interventoría de obra en entidades estatales
En la interventoría de obras públicas hay un elemento diferenciador respecto a los mencionados para la interventoría privada, este consiste en que el origen de los recursos para financiar el proyecto es de carácter público. Eso supone un cuidado estricto bajo criterios de contratación pública, respecto de la eficiencia en el uso de los recursos y de su destinación al objeto contractual. Por lo general, el objeto de la contratación son obras asociadas con la prestación de un servicio público que beneficia a un gran número de personas, por lo que la interventoría debe velar por el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la comunidad. Existen normas del orden nacional que regulan esta actividad, las cuales establecen las facultades y responsabilidades del interventor de obras públicas.
